Según el 10º informe publicado recientemente por la Comisión Europea acerca del estado de ejecución de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva TARU) destaca que la recogida y el tratamiento de las aguas residuales en ciudades y municipios europeos ha mejorado globalmente, aunque hay diferencias notorias entre los logros conseguidos por los Estados miembros.
Esta directiva demanda a los Estados miembros certificar que sus ciudades y municipios recogen y tratan de forma adecuada las aguas residuales, ante el riesgo que supondría la contaminación del agua por sustancias químicas nocivas, bacterias y virus que afectarían negativamente a nuestra salud. En las aguas residuales encontramos nutrientes como el nitrógeno o el fósforo que dañan las aguas dulces y el medio marino al facilitar la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida (eutrofización).
El informe confirma el elevado crecimiento de los índices de cumplimiento de la normativa de la UE sobre recogida y tratamiento de las aguas residuales, en comparación con el período anterior. A pesar de que la tendencia sigue siendo positiva, aún no se ha conseguido el pleno cumplimiento de la Directiva, pues la financiación y la planificación son aún los principales desafíos a los que se enfrenta el sector de los servicios hídricos.
Los datos analizados muestran que en Europa se recogen el 95% de las aguas residuales y el 88% se trata a nivel biológico. Por lo que, a pesar de estas cifras alentadoras el 1% de las aguas residuales urbanas sigue sin recogerse y el 6% no recibe un tratamiento adecuado que cumpla con la normativa europea, todo ello debido en parte a que muchas ciudades y municipios aún no cuentan con infraestructuras más modernas y robustas para la recogida de aguas residuales urbanas.
Por este motivo, la Comisión Europea ha iniciado un proceso de evaluación destinado a modernizar y mejorar la Directiva que permita encontrar un tratamiento efectivo para los contaminantes que en la actualidad producen más inquietud como son los productos farmacéuticos y los microplásticos. Asimismo, este proceso busca analizar si la vigilancia periódica puede favorecer a la Unión Europea de cara a estar más preparada en la gestión de posibles pandemias, como el COVID-19.
